X
GO
24ene.

Los agricultores del país reciben el 2018 con incertidumbre

| Return

Fuente: eltiempo.com

 

El 2017 no fue un buen año para el agro. Como consecuencia de una mayor producción a raíz del aumento del área sembrada y por dificultades en la comercialización de los productos y bajos precios, muchos agricultores salieron mal librados, y por eso consideran que el año pasado es el peor desde el 2010.

Con excepción de cafeteros, floricultores, bananeros, cañicultores y palmeros, además de avicultores y porcicultores, de esa situación se salvan pocos. La vivieron tanto el poderoso gremio arrocero como paperos, maiceros, plataneros, yuqueros y productores de frutas como piña y guayaba, además de otros.

Esa queja contrasta con la participación en el producto interno bruto –el año pasado, el sector agropecuario tuvo un crecimiento del 7,3 por ciento–. Sin embargo, los productores y dirigentes gremiales dicen que esa cifra es el resultado de una producción histórica, pero “no es un indicador de la rentabilidad”. A agosto de 2017, según el Ministerio de Agricultura, el área sembrada había aumentado en 1’159.516 hectáreas adicionales.

Pero, para llegar a esa meta, muchos se endeudaron con bancos y casas comerciales. No obstante, al recoger las cosechas no lograron recuperar lo invertido y ahora les preocupa que aparezcan los cobradores tocando a la puerta. Es el caso de Fabio Hernán Diaza, quien, desesperado, tumbó las 40 hectáreas de yuca que tenía. Sus cuentas eran sencillas. Mientras que en el mercado apenas le pagaban mil pesos por bolsa (de 32 kilos), recoger la misma bolsa le costaba 2.000 pesos.

Fabio Hernán, que cultiva en sociedad con su padre y sus hermanos, reconoce que le quedaron deudas por 180 millones de pesos y dice que quiere pagar, pero no a cualquier precio. Él puso en venta una casa que tiene en el municipio de Granada y, hasta el momento, no ha recibido propuesta alguna. Según asegura, nadie está comprando bienes en la región. “Lo que nos dice el banco es que si queremos cuadrar, debemos llevar plata”, cuenta el agricultor, quien espera la notificación de embargo una vez pase la resaca por las celebraciones de fin de año.

Pero si la deuda no deja dormir a los Diaza, menos a Estivens Navarro, un agricultor y líder de tierras en el Ariari venido a menos. Les debe 165 millones de pesos a entidades financieras, deuda por la que enfrenta cobros jurídicos. En el último año, este desplazado del municipio de Uribe, en el Meta, apenas pudo cosechar una hectárea de plátano y otra de maíz y logró retrasar las acciones judiciales exhibiendo la orden del Minagricultura de suspender los procesos judiciales, con base en la Ley 1731 del 2014 (ley de reactivación agropecuaria). La norma ordena suspender los procesos a puertas de remate y faculta a esa cartera para comprar deudas hasta por 700 salarios mínimos (unos 431 millones de pesos a ese año).

Sus esperanzas estaban fundadas en la cosecha del cereal, pero, con el cambio de año, el precio pasó de 110.000 a 82.000 pesos la carga de 125 kilos. Es una tendencia que aparece cada vez que se aproxima la época de recolección. La demanda de maíz –según Fenalce– es de 6,5 millones de toneladas, y el país solo produce entre 1,5 millones y 1,8 millones.

Otro caso es el del líder comunal de Acacías Rober Rendón, quién resultó favorecido en un programa de Ecopetrol para cultivar piña. Aunque no puso un peso, un año después, y tras buscar insistentemente un comprador, logró vender a 300 pesos el kilo, muy lejos de los 900 de hace meses, con lo que podría reunir 10 millones. Los productores de esta fruta estiman que se necesitan unos 50 millones de pesos para cultivar una hectárea.

Gremios ven un 2018 difícil

Mientras los agricultores culpan a los bajos precios e incluso a los bancos, los gremios consideran que es un problema de la mayoría de productores y advierten de su preocupación porque, según ellos, se viene una reducción del área sembrada con efectos en la inflación de alimentos, que en 2017 fue apenas de 1,92 por ciento. Los arroceros, por ejemplo, estiman que no llegarán a las 400.000 hectáreas del primer semestre de 2017. De hecho, Fedearroz sugiere que en este semestre se reduzca a 300.000 hectáreas para mantener el control de los precios.

Eudoro Álvarez, directivo de Dignidad Arrocera, calificó de “catástrofe” la situación del gremio, que, en su opinión, no es diferente de la de otros, incluidos lecheros. “Mientras que en 2015 pagaron a 130.000 pesos la carga de 125 kilos, en 2017 pagaron a 102.000, y paralelamente los costos subieron entre 17 y 26 por ciento”, dice el dirigente, que calcula que los arroceros perdieron unos 400.000 millones de pesos el año pasado.

Si bien la cartera de Agricultura estableció auxilios para la comercialización de algunos productos, como el arroz y la yuca, y en años anteriores programas de compra de deuda (a través de las leyes 1694 de 2013 y 1731 de 2014), los agricultores y gremios consideran que estos se han quedado cortos y no benefician a todos los productores. En el caso de la yuca, por ejemplo, se anunciaron en diciembre pasado 1.100 millones de pesos, que alcanzan para unas 200 hectáreas de 3.800.

Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), asegura que la actual coyuntura se veía venir y que así se lo advirtieron al Minagricultura cuando, a través del programa Colombia Siembra –lanzado a finales de 2015–, incentivó el crecimiento del área cultivada. “Colombia siembra no fue completo. Uno no puede buscar que el país siembre más en un escenario de crecimiento económico tan limitado”, dice Bedoya, quien asegura que no piden programas asistencialistas sino estrategias y créditos para “acercar verticalmente el productor al consumidor”.

Una opinión similar tiene Henry Vanegas, presidente de Fenalce, quien señala que, como consecuencia del fenómeno de la Niña, se vendrá una caída en el área sembrada. “Así el productor quiera poner a trabajar la maquinaria, porque debe pagar las cuotas al banco, no lo va a poder hacer por la situación climática”. Vanegas también dice que mientras los agricultores no cuenten con infraestructura para secar o conservar sus cosechas, seguirán corriendo riesgos y dependiendo de los “vaivenes” del clima, y llama la atención porque no existen instrumentos de manejo del riesgo, como lo son las coberturas de precio y cambiarias.

Rafael Mejía, presidente de la Bolsa Mercantil, dijo que mientras el país no tenga política agropecuaria no va a cambiar la situación, y, sobre el momento actual de poca absorción de la mayor producción, explica que se generó porque no se buscó exportar ni incrementar el consumo interno con campañas, como sí lo hicieron los porcicultores. “El Gobierno tiene que mirar de qué forma puede ayudar a aumentar el consumo con campañas y cofinanciar las exportaciones con compensaciones a los productores”, afirma Mejía. Y advierte que mientras la inflación de alimentos se mantenga controlada con importaciones, cada día el país va a depender más de la producción externa y estará más en riesgo la seguridad alimentaria de los colombianos.

Aunque en reiteradas ocasiones este diario intentó obtener una respuesta del Ministerio de Agricultura a los argumentos de agricultores y gremios, al cierre de la edición esta no fue posible

 

Click Aqui para ver la noticia completa

 

Fuente: eltiempo.com

Related